TST Nº 41

26/2/2026

Carlos Echazú

Director País de Comercio e Inversiones Embajada Británica

"En el derecho moderno, la sostenibilidad dejó de ser una cláusula ética para convertirse en un activo estratégico".

Con 51 años, Carlos Echazú ha consolidado una trayectoria única donde convergen la economía, el derecho y una profunda vocación social. Su formación es de un rigor académico excepcional, contando con maestrías de instituciones de prestigio mundial: Economía de Minerales y Energía (Colorado School of Mines), Economía de Políticas Públicas (Williams College) y Derecho Público especializado en energía y medioambiente (Universitat Pompeu Fabra). Actualmente, desempeña un rol estratégico como Director País de Comercio e Inversiones en la Embajada Británica, desde donde impulsa el intercambio bilateral entre Bolivia y el Reino Unido, fortaleciendo además la institucionalidad de la Cámara Británica (BritCham). Su carrera se sostiene sobre tres pilares fundamentales que han dejado huella en la región:

Desde su liderazgo en Tigo Bolivia, transformó la visión de la responsabilidad corporativa. Fue la mente detrás de Maestros Conectados, un programa nacido en la urgencia de la pandemia que capacitó digitalmente a docentes en 9 países, y de EDUCATigo, el primer canal de televisión boliviano dedicado exclusivamente a la educación. Con más de dos décadas de experiencia, ha sido una pieza clave en instituciones como el Ministerio de Energía e Hidrocarburos y UDAPE. Su pericia abarca desde la regulación económica y los minerales críticos hasta el financiamiento climático y la transición energética. Desde 2013, ha formado a las nuevas generaciones de profesionales en la  UPB, UCB, UTEPSA y la Universidad Andina. Hoy, muchos de sus exalumnos ocupan posiciones de liderazgo en sectores estratégicos, consolidando un legado de conocimiento en Sostenibilidad, Energía, Recursos naturales, Gobierno Corporativo y Medioambiente.

Logros y Desafíos: Impacto que trasciende fronteras

Para Echazú, el éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de transformar realidades a través de la intersección entre técnica y propósito.

Entre sus mayores logros está haber alcanzado a más de 500.000 personas con programas de ESG. El impacto de Maestros Conectados y la señal satelital de EDUCATigo permitieron que la educación no se detuviera en Pandemia y post pandemia, llegando incluso a los rincones más remotos del país a través de la Agencia Boliviana Espacial. Con tres años de enseñanza continua, Carlos considera que su aporte más significativo es haber inculcado la cultura de la sostenibilidad en los negocios. "Ver a mis alumnos liderando hoy entidades públicas y privadas con una visión ética y ambiental es la mayor recompensa".

Los desafíos hacia el futuro: Mirando hacia adelante, Carlos identifica cuatro retos críticos para el desarrollo del país y la región:

1.    Transformar la matriz productiva: El desafío de que Bolivia deje de ser solo exportadora de materias primas para convertirse en una economía basada en servicios, tecnología y conocimiento.

2.    Liderar la transición energética: Promover marcos regulatorios modernos que responden a la demanda global de minerales críticos y economía verde.

3.    Cerrar la brecha digital: Continuar la lucha contra las desigualdades en el acceso a la tecnología y la formación docente.

4.    ESG como estrategia, no como norma: Lograr que la sostenibilidad sea el motor de competitividad y resiliencia de las empresas bolivianas.

Financiamiento Climático en Bolivia: Hacia una Transición Energética Sostenible

Bolivia se encuentra en un punto de inflexión decisivo para su futuro económico y ambiental. La reducción de la dependencia de los combustibles fósiles ha dejado de ser una aspiración idealista para convertirse en una necesidad ineludible. Sin embargo, avanzar hacia una economía de cero emisiones netas exige transformaciones profundas y coordinadas en sectores estratégicos como el transporte, la industria, la agricultura y la generación eléctrica. Para que esta transición sea justa, equitativa y sostenible, es imprescindible que el marco jurídico y la arquitectura financiera del país evolucionen al mismo ritmo que los desafíos climáticos globales.

El imperativo de la transición

Un paso significativo se dio en 2026 con la reducción estratégica de subsidios a los combustibles fósiles, una medida que ha comenzado a sincerar los costos energéticos ya mejorar la competitividad de las fuentes renovables. No obstante, el ajuste gradual del precio del gas natural sigue siendo la pieza pendiente en el rompecabezas económico para incentivar una migración real de la demanda hacia fuentes más limpias.

El desafío central es la electrificación del país . Esto implica sustituir progresivamente el consumo energético del transporte y el sector residencial por electricidad generada a partir de fuentes renovables. En este escenario, el abogado corporativo y el gestor público no solo deben entender la norma, sino también los mecanismos de atracción de fondos climáticos internacionales, esenciales para financiar la infraestructura de esta nueva era.

Los vectores del cambio: Las 3D

La transición energética global no es un evento aislado, sino un proceso integral guiado por tres vectores fundamentales que redefinen la seguridad jurídica y operativa de los proyectos:

Descarbonización: La sustitución de hidrocarburos por fuentes bajas en carbono. La electrificación de usos finales, el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos son los nuevos activos que requieren una regulación clara.

Descentralización: El tránsito de un sistema de grandes centrales remotas hacia recursos energéticos distribuidos. Esto democratiza la energía, pero exige normativas robustas sobre generación distribuida y resiliencia de red.

Digitalización: La incorporación de medición inteligente y automatización. Aquí, el derecho digital y la gestión de datos se vuelven transversales para equilibrar la oferta y la demanda en tiempo real.

Seguridad Jurídica y Financiamiento Climático

El acceso al financiamiento climático internacional depende directamente de la solidez institucional. Durante las últimas dos décadas, nuestro marco jurídico mostró debilidades que dificultaron la llegada de capitales verdes significativos. Sin embargo, el panorama ha cambiado.

Un hito jurisprudencial de gran relevancia fue la Sentencia Constitucional 0040/2024 , que eliminó la prohibición de participar en mercados de carbono. Esta decisión no solo corrigió una limitación de la Ley 300, sino que otorgó la seguridad jurídica necesaria para que organismos internacionales y el sector privado vean en Bolivia un destino viable para mecanismos financieros basados en resultados.

Posteriormente, el Decreto Supremo N.º 5264 (2024) y las resoluciones ministeriales de 2025 (RENAPP) han comenzado a edificar un sistema de evaluación de proyectos climáticos bajo principios de transparencia y soberanía. Aun así, la tarea no está terminada: Bolivia requiere de un ente especializado con alta capacidad técnica para diseñar proyectos "bancables" que cumplan con los rigurosos estándares de la comunidad internacional.

Desafíos y Oportunidades: Una Visión Estratégica

Como país, enfrentamos obstáculos estructurales, pero las oportunidades superan con creces los riesgos. La transición energética puede posicionar a Bolivia como un líder regional no solo en energías renovables, sino en la gestión sostenible de minerales críticos , esenciales para la tecnología global.

La atracción de financiamiento internacional debe ser vista como el catalizador para modernizar nuestra infraestructura y acelerar la electrificación del transporte. Para ello, la cooperación entre el sector público, el privado y los organismos multilaterales es la única vía para multiplicar el impacto.

Para concluir podemos prever que el financiamiento climático será el eje que determinará si Bolivia logra consolidar una transición energética exitosa. Con un marco jurídico fortalecido, instituciones modernas y una visión clara de competitividad, podemos superar las limitaciones del pasado. La acción climática ya no es solo una obligación internacional derivada del Acuerdo de París; es nuestra mayor oportunidad estratégica para construir una nación resiliente, competitiva y plenamente integrada un futuro energético sostenible.

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